En medio del avance hacia una producción más sostenible, el sector de plásticos en Colombia continúa bajo el marco de la Ley 2232 de 2022, que establece regulaciones sobre la reducción progresiva del plástico de un solo uso. Para complementar esta legislación, se esperaba que durante 2025 se actualice la Resolución 0803 de 2024, la cual debía proporcionar lineamientos técnicos claros sobre el cumplimiento de las exigencias legales.
Sin embargo, a la fecha no se ha emitido la actualización esperada, lo que ha generado incertidumbre en la industria, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas que deben cumplir los materiales plásticos para considerarse biodegradables conforme a la ley.
¿Qué se debe tener presente mientras tanto?
Aunque no se han dado lineamientos adicionales en 2025, la Ley 2232 sigue vigente y sus exigencias no han sido revocadas ni suspendidas. Por lo tanto, es importante que las empresas del sector plástico continúen trabajando con base en la normatividad actual y tomen medidas preventivas para evitar sanciones o retrasos en su cadena de producción.
Uno de los pasos más importantes es completar y presentar correctamente el Anexo 8 de la Ley 2232 cuando las empresas optan por utilizar aditivos biodegradables como alternativa a los plásticos de un solo uso. Este anexo requiere información detallada sobre los procesos, materiales y componentes empleados, así como evidencia que demuestre su comportamiento ambiental.
Aditivos Biodegradables: Una solución responsable para un mercado en transición
En este escenario, la incorporación de aditivos biodegradables constituye una herramienta esencial para las empresas que aspiran a cumplir con la normativa vigente y garantizar una operación segura durante este proceso de transición regulatoria. En consecuencia, resulta de suma importancia que el aditivo seleccionado cumpla estrictamente con las normas ASTM 5338 y ASTM 5988 en sus ensayos de Biodegradabilidad, los cuales deben ser ejecutados por laboratorios acreditados por la ONAC o reconocidos mediante acuerdos multilaterales, con el fin de asegurar que la información de Compostabilidad y Biodegradabilidad sea verídica según la ley colombiana.
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